José Manuel González/EL FARO
El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada condena los hechos y adelanta que se ha activado, en sendos casos, el Plan de Prevención y Atención del Servicio Andaluz de Salud para apoyar y asesorar a las víctimas
El Área de Gestión Sanitaria (AGS) Sur de Granada ha expresado su “más absoluta condena” ante las agresiones físicas y verbales a profesionales sanitarios registradas recientemente. Sendos casos, ocurridos en los centros de salud de Motril Centro y Almuñécar, han motivado la activación del Plan de Prevención y Atención previsto por el Servicio Andaluz de Salud para prestar ayuda y asesoramiento a las víctimas.
El primero de los casos ha implicado a una facultativa de atención primaria del centro de salud de Motril Centro durante el desarrollo de su jornada de trabajo. La víctima ha recibido asistencia psicológica y jurídica por parte del Servicio Andaluz de Salud. El segundo ha afectado a un médico del servicio de urgencias del centro de salud de Almuñécar, mientras atendía a un paciente en la vía pública. En sendos casos, las agresiones han sido denunciadas en tiempo y forma, siguiendo las pautas del protocolo establecido al respecto por el sistema sanitario público andaluz.
«La violencia no está justificada»
Desde el AGS Sur de Granada se condena “sin matices” cualquier acto violento, físico o verbal, que afecte a los profesionales del sistema sanitario público andaluz dentro o fuera de un centro sanitario. “La violencia nunca está justificada”, se reitera, al tiempo que se recuerda que la agresión a un sanitario es un delito en España y que los agresores se enfrentan a penas de prisión de hasta cuatro años de cárcel, multas económicas, órdenes de alejamiento e indemnizaciones.
El SAS ha reforzado su oferta formativa sobre control de situaciones conflictivas y sobre el propio Plan de Prevención de Agresiones. Reconducir las situaciones de agresividad y minimizar sus consecuencias son los objetivos que se persiguen. Adicionalmente se imparten talleres de la mano de Guardia Civil, Policía Nacional y funcionarios de instituciones penitenciarias. Asimismo, el personal cuenta a su disposición con la figura del ‘profesional guía’, que acompaña y asesora a los profesionales agredidos, facilita asistencia psicológica y jurídica y refuerza las medidas de seguridad disponibles en los centros de trabajo, como cámaras de seguridad, dispositivos de aviso en consultas y alarmas individuales de carácter disuasorio.
