EL FARO
La institución provincial refuerza el apoyo a los ocho GDR de Granada para garantizar su estabilidad y hacer frente a los retos 2023-2027
El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha mantenido un encuentro con el presidente del Grupo de Desarrollo Rural del Valle de Lecrín, Temple y Costa, Jorge Sánchez, y su gerente, María del Mar Jiménez, en el que ha abordado los principales retos y oportunidades para el desarrollo de los municipios rurales de la provincia. Durante la reunión, Rodríguez ha puesto de manifiesto el compromiso de la institución provincial con estas entidades, recordando que la Diputación ha duplicado en el último año la subvención nominativa destinada a los ocho Grupos de Desarrollo Rural de Granada, pasando de 10.000 a 20.000 euros para cada uno de ellos.
Rodríguez, acompañado del diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, ha señalado que este incremento “responde a la necesidad de dotar de mayor estabilidad financiera y capacidad de gestión operativa a las ocho asociaciones comarcales sin ánimo de lucro que operan en la provincia porque desempeñan un papel vertebrador esencial en la dinamización socioeconómica, la creación de empleo rural y el impulso de estrategias dirigidas a frenar la despoblación”.
Con esta ampliación de la financiación, la institución provincial garantiza que las estructuras técnicas y administrativas locales de los Grupos de Desarrollo Rural mantengan su solvencia e independencia, permitiéndoles ejecutar proyectos transversales de cohesión territorial, inclusión social y desarrollo sostenible que van más allá de la gestión de las Ayudas LEADER.
El aumento de la aportación institucional cobra especial relevancia en el actual contexto normativo derivado del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027. Las nuevas directrices limitan la financiación de los gastos generales de funcionamiento de los GDR mediante costes simplificados a tipo fijo, con un máximo del 25% para las entidades andaluzas, y dejan fuera de la financiación europea y autonómica diversos gastos operativos y de dinamización social que resultan imprescindibles para el desarrollo de iniciativas en los municipios.
