EL FARO
Los empleados manifestaron que sus jornadas laborales eran de una media de diez horas diarias todos los días de la semana por las que percibían un sueldo inferior al estipulado por los convenios gremiales específicos para el trabajo agrícola desempeñado
La Policía Nacional ha detenido en Granada a tres empresarios agrícolas, dos hombres de 42 y 50 años y una mujer de 47, como supuestos autores de delitos relacionados con la explotación laboral de ciudadanos extranjeros en el marco de una investigación que daba comienzo el pasado agosto.
La Operación Mecinas ha sido desarrollada por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Granada quienes han contado con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, según ha detallado la Policía Nacional en una nota de prensa este miércoles.
Las actuaciones policiales comenzaron tras tener conocimiento de que varios empresarios españoles «explotaban varias fincas agrícolas en las que daban empleo a ciudadanos extranjeros que se encontraban en situación irregular en el territorio español y, debido a su situación de vulnerabilidad, se aprovechaban de las condiciones de trabajo establecidas con la finalidad de obtener grandes beneficios económicos».
Las fincas agrícolas donde se estaría explotando laboralmente a los trabajadores se localizaron en la zona de la Alpujarra granadina, donde funcionarios de Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social llevaron a cabo un operativo conjunto fruto del cual se determinó la propiedad de estas fincas y se identificó a 15 trabajadores extranjeros que se encontraban realizando sus tareas laborales «sin disponer de la preceptiva autorización de residencia y trabajo».
Los empleados manifestaron que sus jornadas laborales eran de una media de diez horas diarias todos los días de la semana por las que percibían un sueldo inferior al estipulado por los convenios gremiales específicos para el trabajo agrícola desempeñado.
Esta actividad ilícita proporcionaba a los empresarios agrícolas elevados beneficios dado que, por un lado, supuestamente «no abonaban a sus trabajadores el salario íntegro estipulado, y por el otro, no realizaban las correspondientes cotizaciones sociales y de seguridad social de estas personas».
