R.E.F.
Agentes de la Policía Nacional junto con el Servicio de Empleo Público Estatal en Motril (SEPE) en base a un convenio de colaboración existente entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, han desarrollado un operativo contra el fraude en materia de prestaciones en la mencionada localidad costera consiguiendo aflorar la cantidad de 260.000 euros en prestaciones recibidas indebidamente.
260.000 euros aflorados por prestaciones percibidas de forma ilícita
Las actuaciones conjuntas, comunes entre estas dos entidades de la administración General del Estado, están orientadas a prevenir y descubrir tanto el cobro indebido de prestaciones como las irregularidades en la percepción de las mismas.
Los controles policiales previos y las numerosas y exhaustivas comprobaciones documentales llevadas a cabo por el personal especializado de ambas instituciones estatales durante su actuación conjunta han revelado la existencia de un importante número de infracciones de distinta naturaleza que habrían causado un perjuicio a las arcas públicas estimado en 260.000 euros. El montante del dinero defraudado deberá ser objeto de devolución por parte de aquellos individuos que hayan percibido prestaciones como consecuencia del incumplimiento de las circunstancias requeridas según la ley para ser beneficiario de las mismas.
Nuevas investigaciones en materia de falsedad documental
Esta operación ha dado lugar de manera paralela al inicio de varias investigaciones orientadas a determinar la veracidad de ciertas denuncias presentadas relativas a la sustracción o extravío de documentos de viaje, práctica que podría revelar la intención maliciosa de ocultar las salidas del territorio nacional de los residentes extranjeros beneficiarios de prestaciones. En este sentido se ha podido demostrar que muchos de los beneficiarios de prestaciones por desempleo se habían ausentado del país durante los periodos en que estaban percibiendo las mencionadas ayudas estatales a sabiendas de que estaban incumpliendo de forma flagrante su obligación de estar disponibles para la búsqueda activa de trabajo. La consecuencia inmediata ha sido la suspensión instantánea de la percepción de dichas ayudas.
