EL FARO
La Guardia Civil, en la denominada operación “ManoNegra”, ha desmantelado una organización dedicada a apropiarse de las herencias de 22 ancianos fallecidos que incrementó su actividad por las muertes derivadas de la pandemia.
En total se ha detenido a ocho personas y se ha investigado a otras tres por los delitos de organización criminal, robo, estafa, falsedad documental, apropiación indebida, blanqueo de capitales, usurpación de estado civil y tenencia ilícita de armas en las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia.
Hasta la fecha han sido identificados un total de 22 fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal, siendo estos dos de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo gran parte de ellos de herederos conocidos. No se descarta que aumente el número de víctimas.
Inicio de la investigación
Los agentes en mayo de 2021 tuvieron conocimiento de que alguien había quitado los precintos judiciales de una vivienda ubicada en Benissa en la que realizó reformas y sustrajo diversos objetos, entre ellos una motocicleta de alta gama.
En una primera fase, los agentes no tardaron en identificar a dos miembros del grupo criminal que trabajaban en un tanatorio ubicado en la comarca de la Marina Alta. Además de robar las joyas a los difuntos no reclamados por los familiares, pasaban información para robar en las viviendas de los fallecidos y obtener sus claves bancarias.
Participación de los líderes
Tras asegurarse que ningún familiar reclamaba el cuerpo del fallecido, comenzaban a actuar los líderes de la organización: dos hermanos residentes en Bilbao, una mujer de 63 años con estudios en Derecho y un hombre de 54 años mediador de seguros.
La mujer era gerente de 12 empresas, entre ellas dos inmobiliarias y cuatro gestorías, y el hombre era propietario de una correduría de seguros.
Las inmobiliarias, ubicadas en Denia y País Vasco, eran utilizadas para alquilar y vender las propiedades de los fallecidos. A través de las gestorías, que estaban en Bilbao y Cantabria, convertían mediante falsos contratos mercantiles a los difuntos en avalistas de sus empresas. De esta manera conseguían que los finados tuvieran una responsabilidad patrimonial y así, se quedaban con sus bienes de forma muy económica.
Para evadir impuestos los hermanos utilizaban una empresa de construcción y reformas, una oficina de trámites de seguros, un taller de mecánica en Bilbao, dos hoteles en las provincias de Murcia y Valencia, un restaurante en Denia y dos sociedades offshore en Irlanda y Malta. Incluso se hicieron con el control de una asociación cultural en Bilbao para simular donaciones e impagos en vida de los fallecidos.
Entre los miembros de la banda, también destaca un antiguo trabajador de un ayuntamiento de la comarca de la Marina Alta, el cual mediante sus conocimientos, asesoraba y realizaba modificaciones catastrales para inscribir de forma irregular las fincas en el Registro de la Propiedad.
Otro detenido es un trabador de un geriátrico de la misma comarca, quien obtenía la documentación y claves bancarias de sus víctimas, llegando a transferir más de 112.000 euros de dos residentes nonagenarias de nacionalidades alemana y suiza a las cuentas bancarias del grupo criminal.
El grupo criminal incrementó su actividad delictiva debido al aumento del número de ancianos fallecidos por la última pandemia, a las dificultades de las familias para hacerse cargo de sus cuerpos y a la falta de herederos conocidos en otros casos.
Además la organización criminal, de forma fraudulenta, había iniciado el procedimiento de usucapión para adquirir algunas propiedades con su uso prolongado en el plazo legalmente estipulado. Para ello, realizaban el pago de impuestos y suministros básicos y, para compensar estas pérdidas, las arrendaban como alquileres vacacionales.
Explotación de la operación
Los investigadores acreditaron la participación de este grupo en la apropiación ilícita de 20 inmuebles con un valor superior a los tres millones de euros, cuatro de ellos en la ciudad francesa de París.
Ante el riesgo de fuga de uno de los líderes, el pasado mes de octubre se realizaron siete registros en diferentes localidades de las provincias de Alicante, Valencia y Bizkaia. En estos registros se detuvo a siete hombres y una mujer y se investigó a otras tres personas.
Asimismo se han intervenido cinco armas de fuego, casi 100 piezas de joyería, 11.000 euros en efectivo, diversos dispositivos informáticos y de telefonía móvil, ocho vehículos a motor, una billetera fría de criptomonedas, 20 inmuebles y 71 cuentas bancarias que están siendo analizadas.
Hasta la fecha han sido identificados un total de 22 fallecidos que han sido víctimas de este grupo criminal, siendo estos dos de nacionalidad española, cinco francesa, uno belga, cuatro suiza, uno británica, ocho alemana, y uno finlandesa, careciendo gran parte de ellos de herederos conocidos.
La Guardia Civil no da por finalizada esta operación ya que no descarta que pueda aumentar el número de afectados.
La operación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial de Calpe y el Equipo de Delincuencia Económica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante. Asimismo se ha contado con la colaboración de las unidades de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Calpe y de la Comandancia de Valencia, así como de personal de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de las Comandancias de Alicante y Bizkaia.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Denia ha decretado el ingreso en prisión sin fianza de la mujer líder de la banda y ha decretado medidas cautelares para el resto.
