EL FARO
El sector de Administración Local de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Granada, primera fuerza sindical en la Administración pública, ha llamado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Motril a “agotar” todas las vías posibles de negociación para respetar y responder las demandas de los trabajadores municipales de esta localidad ante la adjudicación del contrato del servicio de limpieza y recogida de basura de la localidad.
Tras el anuncio realizado desde el consistorio motrileño sobre la adjudicación del contrato, el sindicato ha denunciado que la subrogación de los trabajadores “ha sido impuesta y no negociada y consensuada con los trabajadores”. En este sentido, delegados sindicales de CSIF en dicho Ayuntamiento han desmentido “categóricamente” las declaraciones realizadas por el Teniente de Alcalde y Concejal de Calidad Urbana y Personal, Juan Fernando Hernández Herrera, recordando que la parte sindical, en concreto CSIF, “no ha aceptado ni negociado nunca la subrogación de los trabajadores, como se puede demostrar en las diferentes actas de las mesas negociadoras”.
De esta situación, afirman los delegados sindicales, “también queda constancia en las alegaciones, demandas y recursos presentados por nuestro sindicato”. Asimismo, recuerdan que la privatización de este servicio municipal y la subrogación de los trabajadores son una decisión e imposición “meramente política” y quizá responda a “una exigencia empresarial”. Por eso “solo son 93 trabajadores los propuestos para la subrogación, no 97 como fuentes municipales han asegurado públicamente, y no los más de 140 que conforman la totalidad de la Unidad Productiva, comprendida por el personal de recogida de residuos y personal de limpieza”.
La sección sindical de CSIF ha llamado a la clase política a actuar con responsabilidad y a no utilizar a la plantilla municipal para maquillar la mala gestión de este servicio municipal. Por último, han afirmado que continuarán defendiendo con todos los medios legales oportunos a los trabajadores afectados para evitar que sean “obligados a ser subrogados”, salvo aquellos que voluntariamente así lo deseen, como en su día paso con la privatización del servicio de aguas.
