EL FARO
Los sindicatos exigen al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas
Conocido por el comité de huelga estatal (CCOO, CSIF, STAJ y UGT) el anuncio del Presidente del Gobierno de convocar elecciones generales para el próximo 23 de julio, el Comité de huelga manifiesta que desde el 24 de enero de este año, el Gobierno de España debería haber previsto la posibilidad de que hubiera un conflicto generalizado en Justicia a partir de la huelga llevada a cabo por los Letrados de la Administración de Justicia y su posterior acuerdo. Al menos el Ministerio de Justicia era conocedor de que el conflicto era muy probable, argumentan los sindicatos.
Lejos de intentar solventar el conflicto de una forma global, «el Gobierno de España decidió abordar los conflictos de forma separada primero, el de los Letrados de la Administración de Justicia, luego anticipando las reuniones con las asociaciones de Jueces y Fiscales al conflicto planteado de forma efectiva por los Cuerpos generales y especiales de la Administración de Justicia».
Como resultado de esta “estrategia”, la propia Ministra de Justicia y sus colegas, así como otros cargos del Ministerio, orgánicos o asesores, de los Cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Jueces y Fiscales han visto subidas sus retribuciones para cuando tengan que regresar a sus puestos de trabajo.
Mientras tanto, el conflicto del resto del personal de Justicia, el personal que menos cobra y que más efectivos aporta al funcionamiento de este servicio público esencial ha quedado postergado intencionadamente por el Ministerio de Justicia sin que hasta la fecha tengamos todavía fecha y hora para la primera reunión que pueda poner fin al conflicto de forma dialogada tras más de un mes de huelga.
Por el camino, millones de ciudadanos y ciudadanas han resultado afectados por la paralización de actuaciones procesales y por la suspensión y aplazamiento de cientos de miles de juicios por meses e incluso años. El daño que se ha ocasionado a la Administración de Justicia por la soberbia de un gobierno que se dice progresista, pero que tiene alergia a negociar con los trabajadores y trabajadoras de Justicia, según datos de los colegios de abogados y procuradores, necesitará de varios años para recuperarse.
A pesar de la convocatoria de elecciones anticipadas realizado por el Presidente del Gobierno, «no estamos ante un gobierno en funciones sino ante un gobierno plenamente activo que, sin duda, va a seguir trabajando con normalidad y proponiendo iniciativas en las próximas semanas. El gobierno está en plenas facultades de sus competencias, ya que no estará en funciones hasta el día después de las elecciones del 23 de Julio. Por ello, no existe impedimento legal para un Gobierno de negociar con las organizaciones sindicales para solucionar un conflicto. De hecho, existen precedentes de acuerdos firmados con gobiernos semanas antes de unas elecciones en 2008 y en 2018».
Por este motivo, los sindicatos exigen al Ministerio de Justicia que no utilice el anuncio realizado por el Presidente del Gobierno para escabullirse de su responsabilidad para con los 45.000 empleados y empleadas públicas de Justicia y para con la ciudadanía española. Piden al Presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto obligando a sus ministras a que se sienten a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida.
Después del acuerdo con los Letrados y con los Jueces y Fiscales, existe un clamor unánime de dignidad profesional del personal de Justicia que tiene que ver con las funciones que realmente realizan en las oficinas judiciales y que no se cobran. Funciones que, sin duda, no se van a realizar más si no hay ese reconocimiento legal y retributivo y que van a derivar en mayores retrasos en la Administración de Justicia.
En manos de este Gobierno, todavía en activo, está el arreglar este problema latente desde hace varios años y, para ello, tiene la oportunidad de demostrar que, lejos del clasismo mostrado por la Ministra de Justicia y su equipo hasta la fecha, se trata de un gobierno dialogante, progresista que apuesta por la cultura del acuerdo en vez del conflicto tal y como dijo la Ministra de Justicia en la reciente I Cumbre mundial de Mediación celebrada la semana pasada en Valladolid.
Y la mejor forma de demostrarlo es convocar una reunión con un calendario de negociación que permita una solución acordada a este conflicto que está afectando a millones de ciudadanos y profesionales de la Justicia.
Mientras tanto, el Comité de huelga hace un llamamiento al personal de Justicia para que mantenga las medidas de presión que se convoquen por el comité de huelga o por los sindicatos convocantes a nivel local y la huelga indefinida como la máxima expresión de las mismas.
