Los hechos ocurrieron en el mes de noviembre de 2019
La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a 19 años y medio de prisión al hombre al que un jurado popular encontró culpable del asesinato a puñaladas de un promotor de 72 años en Calahonda, en Motril, en la costa de Granada, así como de un delito de robo con violencia en casa habitada y con uso de arma.
Así consta en el fallo de la sentencia, consultado por Europa Press, y en el que el juez impone una condena al otro acusado en el proceso, en este caso de seis años y un mes como cómplice de ambos delitos, cinco por el primero, y un año y un mes por el segundo.
En el caso del principal acusado, se lo condena a 17 años por el asesinato y a dos años y medio por el robo con violencia, detalla la sentencia, basada en el veredicto de culpabilidad emitido por unanimidad por el jurado para ambos en estos términos, y contra la que cabe recurso.
En su declaración, el principal acusado, que en su derecho a la última palabra reconoció los hechos, mantuvo que no recordaba qué pasó después de que su víctima le agrediera con una lámpara en su casa, a la que habrían accedido fingiendo ser agentes del CNI, tras lo cual perdió el conocimiento a causa de «estrés postraumático» y cuando lo recuperó ya estaba «muerto».
El segundo procesado, que también reconoció en parte su participación en los hechos, explicó que llegó a ver con un cuchillo «en alto» sobre la víctima al otro, que también ha escrito una carta en la que muestra su arrepentimiento.
El principal acusado había tenido una relación sentimental con la exmujer del finado, y era, tras años de convivencia, «conocedor de los conflictos y procedimientos judiciales relativos a guarda y custodia y pensión alimenticia de los hijos comunes», según detalló la Fiscalía en el escrito de conclusiones provisionales.
El ministerio público detalló que, tras su separación, en noviembre de 2019, conoció al otro en un albergue municipal, pidiéndole el 11 de ese mismo mes «que le acompañase a la localidad de Calahonda para cobrar una supuesta deuda de 5.000 euros, dinero con el que ambos harían frente a las dificultades económicas que atravesaban».
En su declaración ante el jurado, el principal acusado reconoció que no sabía si llegó a matar a la víctima, que recibió al menos 39 puñaladas, pero que tiene entrenamiento militar «desde los 14 años» y que no lo habría hecho así, porque fue una «chapuza». Ambos están en prisión provisional desde finales de noviembre de 2019.
Por su parte, el segundo acusado reconoció que el otro le propuso ir a cobrar esta supuesta deuda y que solo comentó que si no la cobraba le daba muerte en modo de una «frase hecha como el que dice si no me paga lo mato», si bien «nunca» pensó que lo iba a matar.
Se retiró a la cocina tras taparle la boca como le pidió el principal acusado aquel día de noviembre de 2019, y se quedó pensando si irse porque no le «interesaba» participar en un «secuestro», y entonces oyó «ruidos» y al volver al salón vio, ha proseguido ante el tribunal del jurado, en el suelo a la víctima, que no se movía ya, y al supuesto autor material e instigador de la muerte sobre él con un cuchillo «levantado».
Posteriormente, reconoció que le ayudó a limpiar, y que trasladaron el cadáver hasta el descampado donde apareció, extremo este último que no ha reconocido tampoco el principal acusado. La fiscal aportó declaraciones de ambos en la fase de instrucción en que reconocían los hechos explícitamente para que se puedan valorar posibles contradicciones.
El cadáver, que habrían trasladado a un descampado a unos 80 metros del edificio aparecía el martes 12 de noviembre, según informaron en su día fuentes cercanas al caso, bajo unos plásticos, y al parecer se correspondía con el de un vecino promotor de viviendas, que vivía solo en el pueblo.
Habrían utilizado por último el vehículo que estaba en el garaje, el cual fue recuperado el 27 de noviembre de 2019 en Irún (Guipúzcoa), en el momento de la detención del primero.
