EL FARO
“El gasto en inversiones fallidas, la contratación indiscriminada de personal eventual, la adquisición de material no presupuestado y sin fiscalización previa, así como los sueldos de los concejales han creado una deuda pública de más de 3,3 millones euros”, critica la candidata a la Alcaldía de la localidad, Raquel Álvarez
“A la llegada del actual equipo de gobierno en 2019 (en coalición PP, UCIN y Ganemos), Órgiva se encontraba con una deuda viva de tan solo un millón de euros. Apenas dos años después la deuda ya se había disparado a la cifra de 2,5 millones, al mismo tiempo que se incrementaba exponencialmente la deuda a proveedores y se amortizaban los remanentes de tesorería existentes en cuantía de más de cuatrocientos mil euros”. Con estos datos sobre la mano, la portavoz de Ciudadanos en Órgiva y candidata a la Alcaldía de este municipio, Raquel Álvarez, ha criticado “el absoluto descontrol” en las arcas públicas locales.
De este modo, la edil del partido liberal ha recordado que una de las primeras medidas del Gobierno municipal fue elevar “de manera desmesurada” los sueldos políticos (48.000 euros el alcalde y el primer teniente de alcalde, ambos con dedicación exclusiva, y 25.000 euros cada uno de los cinco restantes miembros, todos a media jornada), una cantidad “desorbitada” para un municipio de tan solo 5.500 habitantes y un presupuesto de apenas 6 millones de euros. Paralelamente a esa subida de sueldo, “se repartieron las potestades de contratación de personal, algo insólito a no ser que se pretendiera, como así luego resultó, una selección ‘a dedo’: El gasto global de personal pasó de 2,16 millones de euros en 2018 a 2,83 millones en 2021, y este desmesurado incremento de la masa salarial, ascendente, específicamente, a 674.021 euros, ha duplicado el coste de personal eventual, y ello sin existir fundamentación laboral alguna ni que el gasto fuera previamente fiscalizado por la Intervención. “Tal como se preveía, las contrataciones se habían efectuado de manera totalmente discrecional, motivo por el cual, entre otras irregularidades, el alcalde, el primer teniente de alcalde y una funcionaria se encuentran investigados por el Juzgado Número 2 de Órgiva tras una querella interpuesta por el grupo de Ciudadanos Órgiva”.
La portavoz de la formación naranja ha asegurado que “con esta errática política económica” el Ayuntamiento entró en quiebra técnica. “La falta de liquidez hizo necesaria arbitrar fórmulas alternativas, y lo que antes era deuda a proveedores, por un importe de 700.000 euros, ahora se convertía en deuda viva a largo plazo con entidades de crédito. Al propio tiempo, se adquirió un solar por 600.000 euros para la construcción de un nuevo cuartel de la Guardia Civil, que fue rechazado por el Ministerio del Interior por no reunir los requisitos exigidos, y se hizo una retención de crédito de 300.000 euros para la compra de terrenos para la construcción de un nuevo centro sanitario (CARE), el cual ha sido rechazado masivamente por la población alpujarreña por mala localización, insuficiencia de servicios e incumplimiento de promesa electoral. De esta manera, la deuda viva llegó a alcanzar en 2021 la cifra de 2,5 millones de euros”, ha explicado Raquel Álvarez, para lamentar que “a pesar de estas graves deficiencias económicas, se siguió con la misma infausta gestión, de manera que la deuda a proveedores a 31 de enero de 2023 alcanzó la cifra de 821.153,47 euros, lo que significa el 48 % del total del capítulo presupuestado para 2023”. “Se trata de una deuda que se corresponde con 795 facturas impagadas correspondientes al ejercicio 2022, según informe de la Interventora, que explícitamente avisa de la grave situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento de Órgiva”, ha añadido.
La portavoz de CS ha lamentado que esta situación “caótica” ha llegado al extremo de negarle al personal de administración y servicios el cobro de conceptos retributivos complementarios a los que tiene derecho, de manera que durante el mandato de este equipo de gobierno se ha visto privado del complemento de productividad, una cifra que alcanza anualmente los 30.000 euros y que el personal no ha cobrado ante la falta de recursos económicos.
“Si a todo lo anterior le sumamos los sueldos de los concejales, que durante el mandato han alcanzado la desorbitante cifra de 1,2 millones de euros, no es de extrañar que las arcas públicas hayan entrado en bancarrota, al no haberse previsto presupuestariamente un ingreso correlativo al gasto por la falta de previsión y la discrecionalidad en su disponibilidad, por lo que, nuevamente, se tendrá que recurrir al incremento de la deuda viva, con el consiguiente endeudamiento a largo plazo, si se quiere que los pequeños empresarios y autónomos de Órgiva, principales afectados por esta funesta gestión económica del Ayuntamiento, puedan cobrar lo que el ente les adeuda. Tal y como ha concluido la candidata naranja a la Alcaldía, “primero vendieron los muebles, luego vendieron la casa, y de herencia nos dejarán la hipoteca
