EL FARO
El órgano autonómico «estima parcialmente la demanda presentada CCOO y obliga al consistorio motrileño a reiniciar el procedimiento al considerar que el pliego de condiciones no cumplía la normativa laboral vigente, el convenio colectivo y los acuerdos firmados por los trabajadores»
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha fallado a favor del recurso interpuesto por CCOO Granada contra la licitación del “Contrato de servicio y recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y gestión del ecoparque” del Ayuntamiento de Motril y obliga al consistorio a iniciar de nuevo el procedimiento.
De esta forma, el órgano estima parcialmente el recurso presentado por CCOO el 30 de agosto de 2024 contra el citado procedimiento, al considerar que no cumple la normativa laboral vigente y no ha tenido en cuenta el convenio colectivo y los acuerdos firmados por los trabajadores.
En su escrito, el Tribunal considera probado que en el cálculo del valor estimado del contrato no se han tenido en cuenta las subidas salariales ya programadas en las tablas contempladas en el convenio y se han obviado los acuerdos firmados entre la plantilla y la empresa en relación con la subrogación de trabajadores a la empresa adjudicataria. De igual modo considera que no se ha velado por la eliminación de la brecha de género, algo que ya había denunciado previamente el sindicato.
El responsable de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Granada, Juan Carlos Martinez, hace una valoración muy positiva de la decisión del Tribunal. “Estamos muy satisfechos con la resolución ya que ha quedado demostrado que el Ayuntamiento de Motril lo único que pretende es privatizar un servicio básico y fundamental sin respetar los derechos de los trabajadores y sin tener en cuenta las necesidades de los propios ciudadanos”
Igualmente ve favorable que haya anulado el procedimiento y obligue al consistorio motrileño a modificar la cláusula para ajustarla a derecho, advirtiendo de que “seguiremos expectantes a la nueva licitación y, si nuevamente vulnera los derechos de los trabajadores, volveremos a denunciarlo cuantas veces sea necesario hasta que se garantice que el procedimiento cumple la legalidad.
Esta sentencia demuestra que la forma de actuar de la Administración dista mucho de ser un ejemplo a seguir, “defendiendo los intereses privados en lugar de dar el lugar que merecen los trabajadores que durante años han desarrollado su trabajo de forma eficiente y ejemplar.
