Guardias civiles en reserva llevan a cabo la protección de las sedes judiciales, lo que supone un ahorro en servicios privados
El Consejo de Gobierno ha autorizado un expediente de gasto por importe de 14.135.757,02 euros para atender la seguridad y protección de edificios judiciales de la comunidad autónoma y del edificio del Consejo Consultivo de Andalucía. El gasto se enmarca en un convenio suscrito entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, el Ministerio del Interior y el Consejo Consultivo en 2010.
En virtud del citado acuerdo, las funciones de seguridad en estos edificios son desempeñadas por agentes de la Guardia Civil en situación de reserva, lo que permite que se reduzca el gasto en contratación de servicios privados.
Los más de 14 millones de euros serán abonados en su mayor parte con cargo al presupuesto de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, que destinará 14.076.836,73 euros, mientras que el Consejo Consultivo de Andalucía asumirá con su presupuesto 58.920,29 euros.
El convenio establece el abono por el Ministerio de Justicia de las retribuciones básicas del personal destinado a la seguridad de estas sedes, mientras que el Gobierno de Andalucía hace frente al pago de un complemento retributivo para equiparar la nómina de los agentes a la que percibirían en situación de servicio activo. Asimismo, la Consejería y el Consejo Consultivo también se hacen cargo de las indemnizaciones por prestación de los servicios, como gastos en uniformes, armamento y equipamiento policial.
La cuantía aprobada implica un incremento de las retribuciones a los agentes del 2,25% respecto a las percibidas en 2018, además de la aplicación del segundo tramo del aumento retributivo recogido en el acuerdo de 12 de marzo de 2018 entre el Ministerio del Interior y los sindicatos de Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, lo que incrementa el coste anual del convenio hasta los 14.135.757,02 euros.
No obstante, a pesar de este aumento, el pago de este servicio es mucho más rentable que la contratación de servicios privados de seguridad, por lo que supone un ahorro en costes para la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y para el Consejo Consultivo de Andalucía.
