el faro
La norma prevé pruebas de selección unificadas, define criterios de formación y acaba con la diversidad de clasificaciones del personal
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el acceso, la promoción interna, la movilidad, otras formas de provisión de puestos de trabajo, la segunda actividad y la formación del funcionariado de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento (SPEIS). Este decreto, la primera regulación en Andalucía que aborda específicamente el régimen de los bomberos, sirve de desarrollo de la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía y atiende una reivindicación histórica de los cuerpos de bomberos y de las entidades locales.
El decreto suprime la diversidad de clasificaciones del personal existente entre los servicios dependientes de las entidades locales, al mismo tiempo que precisa aspectos tan importantes como el título que faculta para el acceso a cada categoría profesional o el grupo de titulación necesaria. Así, en el texto se hace una apuesta decidida por la Formación Profesional como habilitante para acceder a las escalas Ejecutiva y
Operativa, a las que se adscribe la gran mayoría del personal.
Por otro lado, el decreto establece también como requisito la superación de un curso de acceso impartido u homologado por el Instituto de Emergencias y Seguridad Pública de Andalucía (Iespa), que ahora es definido y regulado. Además, determina una formación continua con actividades que permitirán el perfeccionamiento y la promoción. Según el decreto, las entidades locales podrán asumir los cursos de formación que estimen convenientes, siempre con la homologación del Iespa. Se regula, además, el papel a desempeñar por las escuelas locales de bomberos.
En cuanto al régimen de acceso, se unifica y moderniza el régimen general de acceso, adecuándolo al marco definido por la Ley de la Función Pública de Andalucía. Hasta ahora estaban al arbitrio de lo que se estableciera en cada una de las distintas convocatorias. Con este nuevo decreto, aspectos tan importantes como la definición de las pruebas, los temarios, contenido y desarrollo de las pruebas físicas, cuadro de exclusiones médicas o el baremo para la fase de concurso van a contar con un marco general de referencia para el conjunto de Andalucía.
El carácter local de los servicios no queda afectado en ningún momento, siendo este decreto muy respetuoso en ese aspecto, definiendo y potenciando las funciones y competencias de los órganos responsables de la selección, movilidad y formación del personal, cuyas atribuciones son claramente determinadas en cada caso.
El decreto también promueve la movilidad del personal entre los distintos servicios, con lo que se pretende dar respuesta a las necesidades de promoción y conciliación del personal. Para ello se incorporan medidas como la previsión de porcentajes de reserva o la unificación de los criterios a seguir para la tramitación de procedimientos de movilidad y se establecen garantías de estabilidad y dimensionamiento adecuado de las plantillas, en beneficio siempre del interés del servicio. El pase a situación de segunda actividad va a estar regulado, desarrollando y clarificando la regulación contenida en la Ley de Gestión de Emergencias.
Ninguna de las funciones que tradicionalmente vienen asumiendo los entes locales respecto de la selección de su personal o la tramitación de procedimientos de movilidad, permuta o pase a la situación de segunda actividad, resultan afectadas, más allá de una mayor claridad y definición. En ese mismo sentido, los entes locales podrán pedir la ayuda de la Junta de Andalucía para que ésta se encargue de realizar los procesos selectivos, como ya se hace con las policías locales, logrando convocatorias unificadas de pruebas selectivas de manera que se garantiza la homogeneidad en la realización de los procedimientos para el conjunto de Andalucía.
El decreto, que ha sido ampliamente negociado, viene a dotar a los SPEIS de instrumentos normativos adecuados y suficientes para el desempeño de sus funciones y la atención a las demandas de la sociedad andaluza del siglo XXI, recogiendo las reivindicaciones históricas que se venían reclamando.
