EL FARO
La organización denuncia la desprotección de menores en las calles ceutíes y rechaza el veto de varias comunidades autónomas a su acogida
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha expresado su indignación ante la grave crisis de derechos humanos que se vive en Ceuta, donde miles de personas sufren situaciones de precariedad e indefensión. La entidad exige la atención prioritaria e inmediata de los niños, niñas y adolescentes sin protección en la ciudad fronteriza, subrayando que su interés superior debe prevalecer sobre cualquier disputa de competencias o estatus administrativo.
En los últimos días, la APDHA ha constatado un preocupante aumento de la violencia racista y de los intentos de boicot a la ayuda humanitaria. Se han registrado incidentes graves como la quema de asentamientos, agresiones a personas migrantes y población ceutí musulmana e intimidaciones contra periodistas y otros colectivos. Organizaciones se han visto afectadas por amenazas, mientras que repartos de agua y comida de Cruz Roja han sido obstaculizados. Asimismo, la entidad pide aclarar las detenciones de activistas de No Name Kitchen.
Por otro lado, la APDHA critica con dureza la insolidaridad de los gobiernos de comunidades como Aragón, Castilla y León, Extremadura y Madrid por negar la recepción de menores e insta a Andalucía a asumir sus responsabilidades sin dilaciones. La organización recuerda que el Tribunal Supremo ya declaró ilegales las devoluciones colectivas de menores y exige un reparto equitativo y respetuoso con la ley.
Asimismo, la organización advierte contra la instrumentalización política de esta emergencia y recuerda que la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional no puede servir para suspender derechos fundamentales. La APDHA señala que España mantiene una responsabilidad plena sobre su territorio que no puede externalizarse a Marruecos, al tiempo que reclama a la Unión Europea y a agencias como Frontex que no respondan únicamente con más control fronterizo y capacidad de retorno, sino garantizando el derecho de asilo y la supervisión de los derechos humanos.
En este marco, la entidad realiza las siguientes exigencias a las administraciones:
APDHA concluye afirmando que «la inacción no es una opción. La protección de los derechos humanos no admite excepciones en las fronteras y el silencio ante la violencia es complicidad».
