EL FARO
Crespo sostiene en el Consejo Consultivo que el sistema elegido por el Ministerio para repartir las ayudas penaliza a la flota andaluza
La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha apuntado en el Consejo Consultivo de Política Agrícola de Asuntos Comunitarios celebrado esta misma tarde la necesidad de apostar por “medidas que den realmente liquidez al sector pesquero y ayuden a afrontar los elevados costes que está sufriendo”, especialmente en lo referente al combustible, la energía y los suministros.
Carmen Crespo ha explicado que el sistema elegido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el reparto de las ayudas “no tiene en cuenta la estructura de la flota pesquera andaluza, que cuenta con un 60% que es artesanal”. En este sentido, ha detallado que la Unión Europea da margen a los Estados miembros para que arbitren ayudas directas de hasta 65.000 euros por barco, mientras que el Gobierno de España solo ha destinado 35.000 euros “a pesar de que es el país con mayor flota pesquera de toda la Unión”.
A ello se suma que las ayudas directas se reparten por barco en función de su tamaño y volumen (GT), quedando reducida la ayuda que reciben a 1.550 euros por embarcación de menos de 25 GT, la menor cuantía de las contempladas por el Ministerio. Ya que el 60 por ciento de la flota pesquera andaluza es artesanal, la consejera ha reclamado que “se tenga en cuenta la estructura de la flota de nuestra comunidad autónoma”, por lo que considera “insuficientes” las ayudas estipuladas.
Crespo ha defendido ante el Gobierno una postura consensuada previamente al Consejo Cultivo en una reunión con los representantes de las organizaciones pesqueras. Un encuentro telemático que ha contado con el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope), Manuel Fernández; el presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart; el presidente de la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema), Antonio Concepción; la presidenta de la Asociación Andaluza de Mujeres del Sector Pesquero (Andmupes), María Ángeles Cayuela; y el presidente de la Asociación de Armadores de Buques Congeladores de Pesca de Marisco (Anamar), José Ramón Muriel.
0,60 céntimos el litro
Andalucía también ha demandado en el Consejo Consultivo que se establezca un tope de precio de 0,60 euros por litro de gasóleo para el sector pesquero, puesto que por encima no resulta rentable. Al respecto, Carmen Crespo ha explicado que “los 20 céntimos de rebaja aprobados por el estado no son la solución”.
Por otra parte, la consejera ha pedido una bonificación a la Seguridad Social, y no el aplazamiento a tres meses aprobado por el Ministerio, además de lamentar que, como ha asegurado, “están cobrando intereses del 0,5% a un sector que se encuentra ya muy endeudado y al que no le dan ni siquiera la posibilidad de llevar a cabo un aplazamiento si ya tienen solicitado uno previamente”.
Respecto a las tasas portuarias, Andalucía ha pedido al Ministerio que no se limiten exclusivamente a la descarga de pesca fresca y tengan en cuenta, como hace el Gobierno Andaluz, a todos los operadores de sus puertos, desde las tasas por descarga de embarcaciones a las referentes a los cuartos de armadores.
Además, Crespo ha solicitado la puesta en marcha de ayudas para tripulantes, almadrabas y empresas auxiliares, que son, a su juicio, “imprescindibles para la actividad del sector pesquero”. La consejera ha lamentado, asimismo, que “dejan fueran también a las empresas acuícolas”.
El sector viene sufriendo años de recortes en sus posibilidades pesqueras y, como ha subrayado la consejera, “no reciben el apoyo que se merece por parte del Ejecutivo central”. Por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por el contrario, “lo tenemos claro, la pesca es una actividad estratégica, esencial e imprescindible para la economía y el empleo en Andalucía”, como ha especificado Crespo. Y es que, como ha remarcado, “de ella dependen 20.000 familias de la Comunidad”.
La posición de Andalucía en el Consejo Consultivo ha sido muy clara: “sostenemos que hay que poner encima de la mesa todas las posibilidades para ayudar a nuestro sector primario a salir adelante, a hacer frente a la situación excepcional que está viviendo y contribuir a que no pierdan competitividad”. Para la consejera, “es crucial darles liquidez, arroparlos y defender sus intereses”.
