Alcaldes y representantes municipales socialistas de toda la provincia se han movilizado hoy frente a la sede de la Diputación de Granada en protesta por la decisión del gobierno provincial del PP de disolver el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RESUR), que se hará efectiva el próximo lunes, durante la asamblea de este órgano.
Se pretende expulsar a los alcaldes de un órgano de decisión política, en el que «legalmente tienen que estar representados, ya que se gestionan los servicios de nuestros vecinos», ha afirmado el alcalde de Santa Fe, Sergio Bueno.
Bueno ha criticado la voluntad del PP de «amordazar» a los alcaldes y de «suplirlos por empresas privadas y consejos de administración en la toma decisiones». «Eso los ciudadanos no lo entienden y menos aún, cuando detrás de todo esto hay una subida en un elemento esencial como es el precio de la basura», ha asegurado.
Los alcaldes socialistas han reivindicado un plan de pagos «inmediato» al consorcio y han incidido en que el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, dispone de instrumentos legales para saldar la deuda. Así, el regidor de Santa Fe ha propuesto detraer la deuda de algunos consistorios de sus ingresos estatales o autonómicos conforme a los estatutos de RESUR, y a través de organismos como la Agencia Provincial de Administración Tributaria (APAT).
El alcalde de Santa Fe ha tachado de «bufonada» la decisión de Sebastián Pérez, un «juguete roto» en manos del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, porque la solución para la viabilidad de RESUR, ha indicado, es sencillamente que el Ayuntamiento de la capital y de Motril paguen. Ambos municipios acumulan 15 millones de euros de los 25 totales que se adeudan.
A juicio de Bueno, Pérez «no se atreve» a cobrarle a quien más debe y a quien «pone en peligro la viabilidad del consorcio». «Es más sencillo echar a los alcaldes y subir las tasas a los ciudadanos que sentarse en una mesa y decirle a Torres Hurtado que pague lo que debe», ha señalado el alcalde de Santa Fe.
Sergio Bueno ha apelado a que se dejen al margen los intereses de empresas privadas y que primen los intereses públicos de todos.
Por su parte, Encarnación Castillo, presidenta de la Mancomunidad de municipios del Valle de Lecrín, ha reivindicado el derecho de los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, de tener voz y capacidad de decisión en la prestación de servicios básicos a sus propios ciudadanos. «Nos quieren pisotear, como ya han hecho con los planes de obras y servicios, y no lo vamos a permitir», ha advertido.
