EL FARO
Califican de “injusto e inexplicable” el incremento de hasta el 20% en el recibo del agua, que perjudica gravemente a familias, pequeñas empresas y comercios minoristas. Lamentan que la Mancomunidad haya ignorado la mano tendida y las propuestas socialistas para evitar un tarifazo sin precedentes en sus treinta años de historia
Los alcaldes y alcaldesas socialistas de la Costa han denunciado la aprobación de una nueva subida del precio del agua por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical que, con los votos del PP y el GRITO, supone un aumento de hasta al 20 por ciento en el recibo del agua que afectará a miles de familias, pequeñas empresas y comercios minoristas de la comarca.
Este incremento, que se suma a una anterior a subida este año de un 5 por ciento, provoca que “un recibo de 60 euros pase a más de 80 euros, acumulando, por tanto, una subida en un año de un 25 por ciento en algunos casos. Algo que no tiene precedentes en las tres décadas de historia de la Mancomunidad”.
Así, los alcaldes y alcaldesas socialistas han considerado “desproporcionado e injusto este saqueo a la ciudadanía” y han argumentado que recae en los bolsillos de la gente para financiar el techo de gasto de la Mancomunidad, sin que se hayan analizado otras soluciones.
Para las y los regidores, este “subidón histórico es inexplicable cara a la ciudadanía” y han advertido que la situación se agravará porque la Mancomunidad además ha cambiado los requisitos económicos para optar a las bonificaciones, al pasar de tener como indicador de referencia el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) al SMI (Salario Mínimo Interprofesional), lo cual excluye a gran parte de las familias que, hasta ahora, podían beneficiarse de descuentos en el recibo del agua.
La causa de este aumento, según los alcaldes y alcaldesas, reside en el incremento del canon de regulación y de las tarifas de utilización del agua del sistema Béznar-Rules, una decisión que el gobierno de la Junta de Andalucía “impuso de manera unilateral y precipitada” a finales de 2023.
Esta subida, que multiplica por más de treinta veces el coste del canon –que pasa de 52.802 euros en 2023 a 1,7 millones de euros en 2024– responde, según las y los regidores socialistas “a una maniobra recaudatoria del PP en la Junta para compensar lo que dejan de ingresar tras eliminar el impuesto a las grandes fortunas en Andalucía, algo que perjudica claramente a la ciudadanía de la Costa, que va a pagar este ‘crujido’ y además no podrá acceder a bonificaciones accesibles”.
“La subida del agua golpea directamente a las familias, a las pequeñas empresas y comercios minoritarios de la Costa Tropical, que verán cómo en menos de un año el precio de este recurso básico sube exponencialmente”, han subrayado las y los alcaldes. “Esta decisión convierte el agua, un bien esencial para la vida cotidiana, en un lujo para muchas personas que ya soportan una fuerte presión económica”, han apostillado.
Así, han alertado de que esta carga adicional -para la que no establecen reducciones en función del consumo de agua o de la renta- “agravará las dificultades de muchas familias de la comarca, que no podrán afrontar el encarecimiento continuado de un servicio esencial, mientras la Junta sigue favoreciendo a quienes menos contribuyen”.
Igualmente, han aludido a los graves efectos que las decisiones tomadas tendrán en el sector agrícola, vital para la economía de la zona. “Las explotaciones agrarias, que ya soportan elevados costes, no pueden absorber más incrementos sin que les afecte. Muchos agricultores de la zona se encuentran al límite de su capacidad económica”.
Tras solicitar al presidente de la Mancomunidad que este punto del orden del día se dejara sobre la mesa y se creara una comisión de seguimiento para llegar a acuerdos y estudiar soluciones, cuestión que ha sido rechazada, las y los alcaldes han censurado la falta de voluntad de diálogo por parte de la Mancomunidad para llegar a un acuerdo.
Por último, han hecho un llamamiento a la responsabilidad a quienes conforman este ente para que “reconsideren este tarifazo y adopten medidas para proteger a la población y a los sectores afectados en lugar de cargarles con un coste difícil de explicar y de asumir”.
