La Sección Primera de la Audiencia de Granada tiene previsto enjuiciar este lunes a los tres presuntos responsables de una patera en diciembre de 2019 para los que la Fiscalía ha solicitado siete años de prisión por supuestamente trasladar de forma ilegal desde las costas marroquíes hasta territorio español a 90 migrantes de origen subsahariano poniendo «en grave riesgo su vida», dado que la embarcación estaba dañada y portaba varias garrafas de combustible.
Los hechos se remontan al 8 de diciembre de 2019, cuando los acusados, de nacionalidad senegalesa, en connivencia con otras personas que no han sido identificadas, organizaron el traslado ilegal de estos 90 inmigrantes, que procedían de Mali, Guinea, Costa de Marfil y Senegal.
Para ello, «se repartieron las funciones de organización del viaje» de tal modo que uno se encargó del «pilotaje y manejo» de la patera; otro «organizaba a los pasajeros y les daba órdenes durante el trayecto» y el tercero «controlaba la brújula para orientar la navegación», según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía.
Para el traslado, que ha investigado el Juzgado de Instrucción 2 de Motril, usaron «una embarcación neumática de ocho metros de eslora y dos metros de manga equipada con un motor fueraborda».
No obstante, la embarcación en la que viajaron hacinadas las 90 personas «carecía de salvavidas suficientes, estaba dañada en su parte inferior provocando una vía de agua, carecía de sistema de aviso de emergencia y portaba», a su vez, «garrafas de combustible, por lo que el viaje comportó un grave riesgo para la vida de sus ocupantes».
Además, en el trayecto se vivieron «episodios de pánico entre los pasajeros» antes de que la embarcación fuera detectada por el Frontex y sus ocupantes rescatados por Salvamento Marítimo. Uno de ellos llegó a pagar por el viaje 2.800 euros a una persona que no ha sido identificada.
Los tres acusados, que se encuentran en situación irregular en España, están en prisión provisional por estos hechos desde el 11 de diciembre de 2019. La Fiscalía les acusa de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
